- La Constitución española, que los formula en su Artículo 51
- La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 26/1984, de 19 de julio) que los desarrolla
- R.D. 287/91(publicada en el BOE nº 61 de 12.03.91) que concreta el desarrollo de la ley.
Estos derechos son:
•Derecho a la protección de la salud y seguridad. Este derecho quiere decir que los productos o servicios que se comercialicen en nuestra comunidad autónoma no pueden entrañar riesgos para la salud o la seguridad (salvo los usuales o reglamentariamente admitidos) en condiciones normales o previsibles de utilización. Cuando un producto o servicio, por su naturaleza, puede ser peligroso debe informarse al consumidor/a de la existencia de riesgos, de sus consecuencias y de cómo evitarlos.
•Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales. Tus legítimos intereses económicos y sociales como consumidor/a y usuario/a deben ser respetados. La defensa de las economías domésticas, por tanto, es un derecho básico de los/as consumidores/as y usuarios/as.
Este derecho se plasma en diversas medidas reglamentarias y de control, para conseguir, por ejemplo, que no induzcan a engaño la publicidad, las promociones y las ofertas, que las cláusulas de los contratos sean claras, que las garantías respondan a la realidad, etc.
•Derecho a la información. Como consumidor/a y usuario/a tienes derecho a conocer las verdaderas características de los productos o servicios que se te ofrecen. Es decir, las etiquetas deben contener la suficiente información para que la utilización del producto sea correcta, al igual que los envases, presentación y publicidad, folletos informativos, etc. Los fabricantes y proveedores son quienes más saben del servicio o producto que venden, por eso están obligados por ley a ofrecer toda una serie de datos e indicaciones de utilidad para los y las consumidores y consumidoras.
Por otra parte, puedes obtener información de las instituciones públicas de tu comunidad autónoma, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor/a (OMICs).
•Derecho a la educación y formación en materia de consumo. Para poder ejercer tus derechos, debes conocerlos y utilizarlos en tu vida cotidiana, de forma que sean efectivos; para ello, es necesario que como consumidor/a tengas una adecuada formación consumerista. Es evidente que una mayor educación y formación permiten una mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y en la utilización de servicios.
Para ello, el Sistema Educativo ha incorporado la Educación del Consumidor/a como un contenido transversal a todas las materias, ámbitos y elementos que forman parte del proceso formativo del alumnado en edad escolar. Pero el derecho se extiende también al fomento de la formación permanente y al derecho a la educación de todos los consumidores, dentro y fuera del ámbito escolar.
•Derecho de representación, consulta y participación. El medio para estar representados/as, ser consultados/as y participar en las decisiones que te afectan, es a través de las Asociaciones de Consumidores, mediante las cuales los/as consumidores/as tenemos mayor fuerza y capacidad para reclamar, defendernos, exigir nuestros derechos, etc.
Los poderes públicos están obligados por ley a consultar con las Asociaciones de Consumidores antes de aprobar disposiciones o normas legales sobre materias que afecten directamente a los consumidores y las consumidoras. Además, las Asociaciones de Consumidores forman parte activa de los Consejos de Consumo existentes tanto en el ámbito local como en el autonómico y en el estatal.
•Derecho a la protección en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión. En muchas ocasiones, como consumidor/a o usuario/a puedes encontrarte en situación de debilidad con respecto al productor, comerciante o proveedor. Esta debilidad puede deberse a determinadas situaciones de inferioridad, de subordinación o, incluso, de indefensión. Para ello, la legislación sobre consumo tiene como objetivos prioritarios compensar las situaciones de debilidad relativa, tomando diversas medidas para suplirla o equilibrarla. Por ejemplo en la seguridad de los juguetes, parques o productos de higiene y limpieza.
•Derecho a indemnización por daños y perjuicios. Como consumidor/a y usuario/a tienes derecho a ser indemnizado/a por los daños y perjuicios que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios te puedan causar. Generalmente para obtener estas indemnizaciones es necesario acudir a los Tribunales de Justicia. Este método, sin embargo, puede requerir tiempo y una serie de gastos, por lo que se ha creado un procedimiento más rápido, barato y eficaz: el Sistema Arbitral de Consumo. La Administración puede sancionar a los fabricantes o a los proveedores de servicios por las infracciones en materia de consumo que cometan, pero no puede obligarles a indemnizar al consumidor/a.
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